legal
¿Quién paga el IBI y la comunidad en un alquiler?
IBI, comunidad, basuras, agencia y derramas: qué puede cobrarte el casero según la LAU, qué cláusulas son nulas y qué cambia en una zona tensionada.
El IBI y los gastos de comunidad los paga el propietario, salvo que el contrato diga por escrito que los asume el inquilino y fije cuánto suman al año en el momento de firmar. Si falta cualquiera de esas dos cosas, la cláusula no vale y el casero no puede pasarte el recibo.
Esa es la respuesta corta, y sale casi literal del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Alrededor de esas dos líneas hay tasas municipales, derramas, honorarios de agencia, zonas tensionadas y una sentencia del Supremo que casi nadie conoce. Abajo van las preguntas que la gente busca cuando le llega un recibo inesperado, con lo que dice la ley y lo que suele pasar en la práctica.
¿Puede el casero cobrarme el IBI?
Puede, pero no por las buenas. El IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) es un impuesto municipal sobre la propiedad, y frente al ayuntamiento lo debe siempre el dueño. La LAU solo permite que dueño e inquilino pacten que este último le reembolse el importe: el ayuntamiento sigue cobrando al propietario y el propietario te lo repercute.
Para que ese pacto valga, el artículo 20.1 exige que conste por escrito y que el contrato fije el importe anual de esos gastos a la fecha de la firma. Una frase como "el arrendatario se hará cargo del IBI y los gastos de comunidad" no basta; tiene que aparecer una cifra, por ejemplo "IBI: 412 euros anuales".
Si tu contrato dice que pagas el IBI pero no indica cuánto, la cláusula no te obliga. Y si lo has pagado durante meses sin que constara la cifra, tienes base para reclamar la devolución.
Los tribunales lo aplican con bastante coherencia. En enero de 2026 la Audiencia Provincial de Alicante dio la razón a un propietario que cobraba IBI y tasa de basuras a su inquilina, según recoge Xataka Home, precisamente porque ambos conceptos estaban pactados de forma expresa y con importe. Cuando esos requisitos faltan, la misma lógica tumba la cláusula.
¿Y los gastos de comunidad?
La LAU los mete en el mismo saco que el IBI: "gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización". Es decir, todo lo que se paga por el edificio en conjunto y no tiene un contador a tu nombre.
Ahí entran la cuota ordinaria (limpieza de escalera, ascensor, portería, seguro del edificio, luz de zonas comunes), el IBI y algunas tasas. Con cifra anual en el contrato, los pagas tú. Sin ella, son del propietario.
Es habitual pactar "renta 1.100 euros + comunidad 80 euros", y es legal siempre que la cifra figure. Antes de firmar, pide el último recibo de la comunidad o el acta donde se aprobó la cuota para comprobar que esos 80 euros responden a algo real. Un propietario honesto lo enseña sin problema.
¿Pueden subirme la comunidad cada año?
Sí, con límites. Según el artículo 20.2, durante los cinco primeros años del contrato (siete si el arrendador es una empresa o persona jurídica) lo que pagas por esos gastos generales solo puede subir de forma limitada, ligada a lo que puede subir la renta. Los tributos quedan fuera de ese tope: si el ayuntamiento sube el IBI, el aumento te puede llegar íntegro, siempre que el IBI estuviera pactado de inicio.
¿Quién paga las derramas?
Una derrama es una cuota extraordinaria que aprueba la junta de propietarios para una obra concreta, como rehabilitar la fachada o instalar un ascensor. No es sostenimiento ordinario sino una inversión que revaloriza el edificio, así que la interpretación mayoritaria la atribuye al propietario aunque el contrato hable de "gastos de comunidad".
Si el casero te reenvía una derrama de 1.800 euros por el ascensor nuevo, contesta por escrito que esa partida no está en lo pactado. En los expedientes que revisamos, la mayoría de propietarios particulares desiste en cuanto ve que el inquilino conoce la diferencia.
¿Es legal que la agencia me cobre honorarios?
No, desde el 26 de mayo de 2023.
La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, modificó el artículo 20.1 de la LAU: los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corren a cargo del arrendador, sea particular o empresa y diga lo que diga el contrato. Una cláusula que traslade la comisión al inquilino es nula. Idealista lo resume en su guía para inmobiliarias tras la entrada en vigor de la ley.
La trampa ahora está en los disfraces: "gastos de estudio de expediente", "tasa de gestión documental", "honorarios por redacción de contrato", "servicio de verificación de solvencia". Si lo cobra la agencia que te alquila el piso y tiene que ver con ese alquiler, es gestión inmobiliaria y la paga el dueño.
Tampoco vale que la agencia te haga firmar un segundo contrato de "servicios" para poder ver pisos. Es una forma de esquivar la ley, y para tu bolsillo equivale a pagar la comisión.
Otra cosa es un servicio que contratas tú, libremente y para ti, como una empresa avalista que sustituye a la garantía bancaria: te lo vende un tercero y tú decides si lo quieres. Lo explicamos en la guía sobre empresas avalistas de alquiler.
Si pagaste honorarios después de mayo de 2023, guarda el justificante y reclámalos por escrito a la agencia y, si no responde, en la oficina de consumo de tu comunidad autónoma. Ser extranjero no cambia nada: la ley protege a cualquier arrendatario de vivienda.
¿Y la tasa de basuras?
Depende de cómo la cobre tu ayuntamiento y de lo que diga tu contrato. Desde la Ley 7/2022 de residuos, los ayuntamientos deben cobrar una tasa de basuras que cubra el coste real del servicio, y muchos la han creado o encarecido en 2025 y 2026. Unos la giran al propietario junto con el IBI; otros la meten en la factura del agua, que suele estar a nombre del inquilino.
Si llega en tu factura de agua, la pagas tú como cualquier suministro individualizado (artículo 20.3 de la LAU). Si llega al propietario como recibo aparte, solo te la puede repercutir si el contrato la contempla con importe.
El caso conflictivo son los contratos firmados antes de que existiera la tasa: si no la mencionan, el propietario no puede añadirla a mitad de contrato, como apunta de forma expresa la sentencia de Alicante citada arriba.
¿Qué cambia si vivo en una zona tensionada?
Bastante. Es el detalle que más dinero mueve.
En los municipios declarados zona de mercado residencial tensionado (Barcelona y buena parte de Cataluña, o Bilbao, Vitoria y Donostia en Euskadi, entre otros), el artículo 17.6 de la LAU limita la renta de los nuevos contratos: no puede superar la del último contrato vigente en esa vivienda en los cinco años anteriores, actualizada.
La ley previó el truco obvio de congelar la renta y subir los gastos, y por eso prohíbe repercutir al nuevo inquilino cuotas o gastos que no estuvieran ya en el contrato anterior.
La duda es el IBI. Como explica este análisis del diario Ara, técnicamente no es una cuota ni un gasto sino un impuesto, y algunos propietarios lo usan para cobrar por fuera lo que el tope les impide cobrar en la renta. La interpretación más protectora sostiene que el espíritu de la norma lo impide; la más literal, que el IBI queda fuera. No hay doctrina consolidada.
Si alquilas en zona tensionada, pide antes de firmar la renta y los gastos del contrato anterior; en estas zonas el propietario está obligado a informar de la renta previa. Si el contrato viejo no incluía IBI y el nuevo sí, tienes un argumento sólido para negociar o, llegado el caso, para reclamar.
¿Puede cobrarme el IBI si el piso es de protección oficial?
No. En noviembre de 2023 el Tribunal Supremo cerró esta puerta para las viviendas de protección oficial (VPO) de promoción privada. Según el análisis de la OCU sobre esa sentencia, el tribunal entendió que la normativa de VPO solo permite cobrar la renta y el coste real de los servicios, y el IBI no es un servicio sino un impuesto ligado a la capacidad económica del dueño.
Si alquilas una VPO y pagas IBI, puedes dejar de hacerlo y reclamar lo pagado. Para saber si tu piso es protegido, mira la nota simple del Registro de la Propiedad: cuesta unos pocos euros y se pide en línea.
¿Qué pago yo sí o sí?
Lo que se mide con un contador a tu nombre: luz, gas, agua, teléfono e internet. El artículo 20.3 de la LAU no admite pacto en contra.
El artículo 20.4 añade una protección útil: el pago de estos gastos se acredita igual que el de la renta, con un justificante que separe cada concepto. Si pagas renta y gastos en una sola cuota, tienes derecho a un recibo que desglose cada partida. Cuando el casero pida una transferencia global de 1.240 euros sin detalle, reclama el desglose por escrito. Te servirá el día que quieras recuperar la fianza o discutir cualquier cargo.
¿Cuánto dinero hay en juego?
Más del que parece. Supongamos un piso de 75 metros cuadrados en una capital de provincia con una renta de 1.100 euros. Un IBI de 450 euros al año y una comunidad de 70 euros al mes suman 1.290 euros anuales.
En cinco años, la duración mínima que la LAU garantiza al inquilino si el casero es persona física, son más de 6.400 euros. Con una comisión de agencia de un mes más IVA cobrada de forma ilegal, la cifra se acerca a los 7.800.
Salvo la comisión, ninguna de esas cantidades es ilegal por sí misma; lo que las vuelve ilegales es cómo se pactan. Ahí está la diferencia entre un contrato de 1.100 euros al mes y uno de 1.210 que no viste venir.
¿Qué hago si ya he pagado algo que no me tocaba?
Reclamar, por escrito y en este orden.
Empieza por reunir los papeles: el contrato, los justificantes de las transferencias y, si los tienes, los recibos del IBI o de la comunidad que te reenvió el propietario. Sin justificante de pago no hay reclamación posible; si siempre has pagado en efectivo, pasa hoy mismo a la transferencia con concepto detallado.
Después, escribe al propietario. Un correo o un mensaje sirve como primer paso; un burofax con certificación de contenido, como prueba si la cosa se complica. Indica cantidad, concepto, fechas de pago y el artículo de la LAU que te respalda (el 20.1 para IBI y comunidad sin importe pactado; el mismo 20.1, en su redacción de 2023, para los honorarios de agencia). Da un plazo razonable, quince días por ejemplo.
Sin respuesta, quedan dos vías. Para cantidades de hasta 2.000 euros, el juicio verbal no exige abogado ni procurador y se presenta con un formulario normalizado en el juzgado. Para cobros de agencia, la oficina municipal o autonómica de consumo admite reclamaciones contra la inmobiliaria y suele ser más rápida de lo que se cree.
No compenses por tu cuenta dejando de pagar parte de la renta porque crees que te han cobrado de más. El impago de cantidades pactadas como gastos se asimila al de la renta y puede acabar en desahucio. Reclama aparte y sigue pagando lo firmado mientras se resuelve.
¿Cómo leo mi contrato para saber qué me toca?
Busca la cláusula de "gastos" o "gastos generales y servicios", que suele estar entre la de renta y la de fianza, y hazte estas cuatro preguntas:
- ¿Nombra el IBI, la comunidad o la tasa de basuras de forma expresa?
- ¿Indica una cifra anual (o mensual) para cada concepto?
- ¿Hay algún cargo por gestión, estudio o redacción del contrato?
- ¿El piso está en una zona tensionada o es VPO?
Si la respuesta a la primera es sí pero a la segunda es no, ese cargo no te obliga. Si la tercera es sí, ese importe es nulo. Si la cuarta es sí, entran en juego las reglas especiales que hemos visto.
Los contratos de temporada (los de menos de un año que firman muchos recién llegados mientras buscan algo estable) se rigen sobre todo por lo pactado y por el Código Civil; lo explicamos en la guía de contratos de temporada para extranjeros. Si aún no has firmado nada, la guía general para alquilar en España siendo extranjero cubre el proceso completo.
Desconfía de cualquier anuncio que pida transferir gastos o fianza antes de ver el piso: es el patrón que más se repite en las estafas de alquiler a extranjeros.
Antes de tu próxima firma, comprueba que cada gasto que te repercuten lleva al lado una cifra anual. Si falta, pide que se añada o que se elimine la cláusula. Son cinco minutos de conversación que valen varios cientos de euros al año.
